La Comunidad Educativa Frente al Neoliberalismo.
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EL VIGENTE LEGADO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 71: BASE PARA UNA REFORMA DEMOCRÁTICA Y CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA
MIGUEL A. PARDO R.
"...en algunos casos en los que el aparato se siente especialmente vulnerable, intenta decretarle la verdad a los científicos y hacer prevalecer el valor burocrático de la lealtad sobre las búsquedas desinteresadas de la verdad, que constituyen el rasgo distintivo de las comunidades científicas. Ello es claramente adverso al interés nacional..."
Mauricio Schoijet
Revista Nueva Sociedad No.107. México D.F.
En este capitulo...
Un gran salto hacia la miseria en la calidad de la educación.
*Iresponsabilidad financiera del estado, principal causa de crisis.
*Reedición del plan de apertura educativa.
-De la educación preescolar a la educación media.
-La educación superior.
El plan decenal: el fin de la educación y la última mujer.
La filosofia de la miseria y la miseria de la educación.
La democracia participativa, comedia y tragedia.
Impulsar una verdadera reforma que garantice una educación pública, científica y democrática.
-De la educación preescolar, basica y media.
-De la educación superior.
-De la política de ciencia y tecnología.
Consideraciones finales.
El pasado 26 de febrero se cumplieron veinticinco años del estallido del más grande movimiento estudiantil que haya registrado la historia nacional. Durante todo 1971, los estudiantes del país, incluidos los de las universidades privadas de élite, batallaron en procura de sus principales conquistas. Lo que ocurrió entonces fue, ni más ni menos, la insubordinación generalizada de la comunidad educativa en defensa de la soberanía nacional en el campo de la educación y de la cultura. El principal aporte de esa rebelión se sintetizó en el Programa Mínimo, el cual señaló la necesidad y los criterios de una reforma democrática y científica de la educación pública al servicio del desarrollo nacional y del bienestar de la población.
Durante un cuarto de siglo, los diferentes gobiernos se han dedicado a reversar las conquistas obtenidas y a poner en la picota pública las tesis que entonces se sostuvieron. Para ello, han animado cuanta corriente ideológica "novedosa" cuestione o descalifique la necesidad de una reforma educativa de esas características y dimensiones. En el último lustro por ejemplo, el neoliberalismo y el posmodernismo se constituyeron en la vieja novedad de la época. Colocándole el San Benito de "dinosaurios" o "antediluvianos" a quien osara defender los setenta, se abalanzaron sobre el sistema financiero de las universidades, abriéndolas al mercado y a la libre competencia. De paso subordinaron las reformas académico-curriculares y la política de investigación a ese criterio; a la vez que, sectores posmodernistas se dieron a la tarea de responsabilizar a la ciencia de todos los males de la humanidad y se han dedicado sin tregua a excluirla de los claustros, canjeándola por la especulación y la axiología -cual sofistas griegos o monjes medievales-, en un país que no se ha asomado aún a una verdadera revolución científica y que respira un angustiante atraso en todas las esferas de la producción nacional y del bienestar de sus gentes.
En fin, se ha probado de todo y el balance no puede ser más desolador. No hay universidad pública que hoy no tenga comprometida seriamente su existencia, desde el punto de vista financiero. De igual forma, su tradicional aporte a la producción de conocimiento nacional, se rezaga cada vez más frente a las respuestas que le exige el desarrollo del país.
Esta ponencia, busca tener un efecto práctico concreto. Es la conformación de un Frente por la defensa de una educación pública, científica y democrática. Ello significa, una nueva insubordinación de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, profesores, investigadores y directivos docentes. Lo contrario, es permitir que la educación preescolar, básica y, en especial, la media y la universitaria sucumban frente a la actual política educativa gubernamental. Aceptar nuevamente el "señuelo" de "negociar" por aparte, no solamente terminará en tragedia sino que, además, no estaríamos en la capacidad de evitar que se enajene al país de una actividad estratégica para su desarrollo e independencia como es la asimilación y la producción del conocimiento más avanzado.
Conscientes de la confusión que ha logrado generar el actual gobierno, dedicaremos las dos primeras partes de la ponencia a precisar el carácter profundamente neoliberal del Salto Educativo y el Plan Decenal, como también, los estragos que están ocasionando para el avance del conocimiento. Por supuesto, en contravía de lo que el Ministerio y los organismos estatales de educación sostienen. Finalmente, dedicaremos una tercera parte a plantear unos criterios de la reforma educativa, que esperamos contribuya a hacer causa común.
UN GRAN SALTO HACIA LA MISERIA EN LA CALIDAD DE LA EDUCACION, LA PRIVATIZACION Y EL ATRASO NACIONAL EN EL CONOCIMIENTO
La interpretación del documento , que consigna las orientaciones básicas de la política educativa durante los cuatro años del gobierno de Ernesto Samper, puede resumirse en dos puntos centrales precisados a continuación.
PRIMERO. LA NO RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL ESTADO: CAUSA PRINCIPAL DE LA CRISIS.
La cifras presentadas en el citado material no sólo permiten evidenciar -sin ser esa su intención- el fracaso de la política de apertura educativa del gobierno anterior, sino que también delata a la privatización y a la municipalización como la principal razón de la deficiente cobertura y calidad. Los ejemplos abundan: El gasto público en educación en relación al PIB entre 1970 y 1993 aumentó 0.22%, lo que equivale a menos de 0.01% por año en promedio. No se logró la universalización de la básica primaria. Sin escolaridad se encuentran actualmente 2.4 millones de jóvenes entre los 12 y 17 años. El grado de repitencia registrado es alto al término de la educación básica (sólo 7 de cada 100 la logran sin repetir), lo que de paso registra los estragos ocasionados por la promoción automática. Finalmente, reconoce que la alta deserción escolar se deriva fundamentalmente por los problemas financieros de las familias, en el sector rural.
En cuanto a la U. se refiere se acepta que el ingreso está determinado por la capacidad económica y no académica ya que el 83% de la población matriculada pertenece al 40% de población de mayores recursos. Consecuencia directa de la neoliberal formulación constitucional, según la cual los estudiantes que pueden pagar deben hacerlo y, en caso contrario, no ingresan.
Sobre políticas de la calidad de la educación superior, el CONPES no tiene más alternativa que señalar que en tal sentido no se avanzó un paso. Enhorabuena, si se tiene en cuenta el carácter de los criterios esbozados por el pasado gobierno, para reglamentar el sistema de acreditación. Estos puntos de vista fueron sometidos a una fuerte controversia en el CESU por parte de las representaciones de la comunidad científica, profesoral y estudiantil. Juiciosas formulaciones, que en el caso del CONSEC, fueron elaboradas en su Seminario Nacional, realizado en octubre de 1994, aunque más adelante, en todo caso, haremos algunas anotaciones sobre el particular.
SEGUNDO. REEDICION DEL PAE: EL SEGUNDO AÑO DE SALTO EDUCATIVO ES EL SEXTO DEL PLAN DE APERTURA EDUCATIVA.
El diagnóstico revela que la crisis educativa en calidad y cobertura es consecuencia de que el Estado ha evadido su responsabilidad financiera, pero el actual gobierno convierte en política educativa la profundización de lo consignado en el PAE.
Esta segunda conclusión que estamos desarrollando, sobre el carácter del Salto Educativo, cuenta con suficientes elementos de demostración para el caso de la educación básica, media y superior.
De la Educación Preescolar a la Educación Media.
En el caso de la educación preescolar, básica y media, lo anterior también implica, desconocer las conquistas logradas por FECODE en la Ley General de Educación y la ley 60 de 1993. Una vez más los gobiernos de turno, subordinan la calidad de la educación a la miseria presupuestal. Precisemos algunos ejemplos, a manera de sustentación.
Para empezar, el Salto propone que la preescolaridad de los menores de cinco años esté a cargo de las madres comunitarias, en contravía de la Ley General de Educación que logró consignar que para ese nivel de enseñanza y la básica primaria el docente requiere mínimo de un título de normalista superior, igualmente obliga a que las entidades territoriales que logren una cobertura de un 80% del grado cero y la educación básica asuman paulatinamente los dos años de preescolaridad restantes.
Una segunda propuesta del Salto abandona, prácticamente, la educación media estatal, a la cual no se le asigna presupuesto de inversión, posfechándolo para el año de 1998. Amparándose en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, el gobierno sólo considera de su competencia la generalización de la educación básica.
Todos recordamos que esta fue otra de las más enconadas contradicciones entre el pasado gobierno y FECODE, pues el primero pugnó hasta días antes de terminar su administración por graduar a los bachilleres en 9?; mientras que los segundos, los educadores con el apoyo de los estudiantes, logramos tanto en la Ley como en su reglamentación, no sólo que se mantuviera la educación media sino que esta asumiera un carácter especializado.
Consciente de la magnitud de la inversión que implica lo anterior, la política educativa de Samper busca evadir esta responsabilidad y con ello uno de los aspectos centrales en el que se debe materializar una sustancial mejora de la calidad de la educación.
En cuanto a la situación financiera, el documento reitera la decisión gubernamental de privilegiar la entrega de recursos estatales para las instituciones privadas. Con ello no sólo trata de desconocer lo logrado en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993, como producto del Paro Nacional de ese año, sino que también pretende desviar hacia los particulares -por medio de los subsidios- parte del presupuesto nacional requerido por la reforma educativa en el sector público.
En el caso del sostenimiento de las instituciones educativas el CONPES -DNP, quieren mantener las cosas a la antigua, es decir reconocer luación del rumbo académico de las instituciones. Es obvio que se trata de desconocer el gobierno escolar, en particular los consejos directivos y académicos, como el escenario que garantice la ejecución de las conquistas logradas en la Ley en materia de calidad de la educación.
La razón de ello estriba, especialmente, en la facultad que ahora tiene la comunidad educativa de reformar los planes de estudio de todas las áreas con nuevos contenidos que prioricen en los aspectos fundamentales y en los conocimientos más avanzados de cada una de las materias.
El Ministerio de Educación y las secretarías de educación redactan diariamente resoluciones y circulares que dirigen a los colegios como si tuvieran fuerza de ley, a la vez que apremian a los docentes y estudiantes con inauditas fechas límites para la inscripción de los PEI con el propósito de levantar obstáculos y, por esa vía, mantener el atraso del sistema educativo.
El Estado pretende continuar centralizando los asuntos académicos en sus manos a pesar de haberse obtenido la autonomía escolar de las instituciones. Es esta última, otro blanco del Salto Educativo.
El Sistema Nacional de Acreditación, se enrumba hacia la merma de la calidad de la educación, avalando por medio de la no obligatoriedad de acogerse al Sistema, la existencia de dos tipos de universidades: las que registren programas académicos que contengan los conocimientos, métodos e infraestructura más avanzada y desarrollen investigación, por un lado; y, por el otro, las que representan todo lo contrario. Lo que significa institucionalizar la generalización de los denominados garajes.
Además se atenta contra la existencia de la mayoría de universidades públicas, al no consignarse siquiera la intención de asignarles recursos necesarios para habilitarse como acreditadas.
Al igual que a la industria y a la agricultura nacional, la educación e investigación científica y tecnológica, se subordina a las leyes del mercado del capitalismo salvaje. Los aportes del Estado sólo estarán asegurados para la financiación de estudiantes, de proyectos y programas de investigación de las instituciones acreditadas, lo cual sería válido si el Estado cumpliera con la inversión previa en el sector público, de lo contrario, los aportes estatales se destinarán para pocas instituciones, especialmente, privadas.
A lo anterior se agrega, el condicionamiento de un mayor apoyo financiero a las universidades que aumenten sus ingresos con base en la generación de recursos propios. Lo que implica el doblegamiento de la academia frente al mayor lucro generado por la apertura de determinadas carreras y, lo que es peor, a priorizar las investigaciones rentables sobre las que necesita el país para su desarrollo o la población para su bienestar.
El otro pilar de la calidad, de acuerdo al Salto Educativo, es la aplicación de las recomendaciones del documento de la Misión Nacional para la Modernización de la U. Pública. Aunque el pasado Seminario Nacional del CONSEC lo abordó y para la reunión de su Mesa Directiva Nacional, de junio de 1995, se elaboró un nuevo material analizando los ajustes que el actual gobierno le incorporó, vale la pena recordar como las mencionadas orientaciones apuntan a excluir, como principal punto de referencia de la calidad de la educación, el carácter científico de los contenidos, de los métodos y de la investigación. La razón de ello deriva de su versión sobre la función social de la universidad, cual es, la realización de prácticas sociales que contribuyan a resolver o a "..pagar 5 deudas que la sociedad a adquirido históricamente": la exclusión de las minorías étnicas y los pobres; la violencia; las desigualdades sociales; la insolidaridad y la depredación del medio ambiente.
Constituye un despropósito pretender que la universidad se dedique a resolver este tipo de asuntos que ella no ha causado, como también creer que tiene la posibilidad de hacerlo pero no la voluntad. La desigualdad social, por ejemplo, no es consecuencia de la falta de las buenas maneras, de la insolidaridad o de la ausencia de almas caritativas, sino de la existencia de unas clases sociales que se han apropiado privadamente de la riqueza y el producto del trabajo colectivo; a más de estudiar el fenómeno, en el mejor y más profundo sentido de la palabra, ? se encuentra dentro de la órbita de la universidad "pagarlo"?.
Igual de grave es, reducir el carácter científico del estudio de las ciencias sociales a este tipo de práctica social, que parte del supuesto que la pobreza material del género humano se deriva de la crisis de valores. De acuerdo con ello, la función social de la universidad queda reducida a restablecer el fingimiento de virtudes propias de la vetusta axiología.
O, peor aún, responsabilizarnos de los asuntos que corresponde al Estado resolver, ejemplo de ello fue la fracasada pretensión de la práctica del vigía de la salud o de la alfabetización de adultos en el caso de la educación media. O, Como ocurrió a fines de la década de los años 80, con las prácticas de los estudiantes de enfermería o de licenciatura, quienes terminaron recolectando fondos para construir escuelas o puestos de salud pero egresaron sin entender los últimos adelantos de la pedagogía, la física o la fisiología según el caso.
Alejarnos de la comprensión científica de los fenómenos de la sociedad y de la naturaleza no es ninguna novedad, es refeudalización de la universidad. Pero también, es condenar a nuestro país a la enajenación de una actividad social tan estratégica en la actualidad, como es la producción y aplicación del más avanzado conocimiento, que contribuya al desarrollo y la independencia nacional. Lo contrario es someternos a la manera "desinteresada" como "comparten" las innovaciones tecnológicas y productivas las potencias de este mundo, "amablemente" unipolar y " sin fronteras".
Se infiere de lo anterior, la importancia de la definición del rumbo académico de las instituciones educativas. No es lo mismo que sea un órgano extrauniversitario, que dependa del Estado y de los condicionamientos de la banca internacional, el que apruebe las carreras que requiere el país y la profundidad científica de sus contenidos, a que sea la comunidad educativa. Precisamente, porque se entiende que ello significa una insalvable contradicción en la que está en juego la soberanía nacional en el campo de la educación y la cultura, estudiantes y profesores no aceptamos que se fortalezca la centralización de los asuntos académicos en manos del ICFES, tal como lo propone el plan educativo de Samper. Más democracia en la que todos participan pero en la que sólo unos funcionarios deciden, a ello se reduce la aplicación real, en el mundo de los mortales, del reconocimiento a la "otredad" posmodernista.
Los lineamentos del Salto Educativo para la educación superior, fueron ampliados en un nuevo material elaborado por el Departamento Nacional de Planeación . En él se reitera la orientación de la educación superior hacia promoción de los valores y la convivencia social y se condiciona el fomento de lo más avanzado del conocimiento tecnológico a "..fortalecer las ventajas competitivas de la economía colombiana" que "asegure un crecimiento sostenido".
Por supuesto que, la determinación de cuáles sectores de la economía y de la investigación son motivo de atención estatal, se deriva de la contextualización de la educación superior en el creciente proceso de globalización. Lo que en la práctica se ha traducido en la insistencia gubernamental de vender Ecopetrol y Telecom porque no somos los más competitivos en tecnología de refinamiento de petróleo y en comunicaciones.
Igual cosa se dice del cultivo del trigo o del arroz; es común escuchar a los aperturistas preguntar ? para qué producir si otros lo hacen mejor y se puede importar?, lo que podemos entender como un: ?existe problema alguno en que en materia de combustibles, servicios estratégicos o en alimentos básicos, dependamos de nuestros "aliados" ?, a pesar de que contemos con los recursos.
Con esa lógica, podemos concluir que nadie puede competir con nosotros en producción y comercialización de pitahaya y tomate de árbol, y por lo tanto, a ello debemos dedicar principalmente nuestros esfuerzos educativos y de investigación. Y cuándo por una razón "inusual", por motivos geopolíticas o geoeconómicas, los países proveedores condicionen sus indispensables envíos nosotros responderemos con.... ?? la suspensión del suministro de frutas tropicales.!!
El documento también anuncia que la actualización del 50% de docentes y de los investigadores; los cambios en los planes de estudio y la creación de 25 doctorados y 20 maestrías, estará subordinada a los criterios arriba anotados. Y los recursos presupuestales también, pues quedarán sujetos a un centro de gestión de las relaciones universidades-empresa, que posibilitará 150 investigaciones concertadas.
La autonomía y la calidad las instituciones de educación superior, la creación de sus nuevos programas académicos y la formación de sus recursos humanos deberán someterse a la "globalización", so pena de no recibir un sólo peso "..para sus proyectos de inversión con recursos asignados al ICFES a través del presupuesto nacional". Esta indebida intervención en nuestro sistema educativo es una de las 11 recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional y el DNP al CONPES que figuran en el material. No sobra recordar que los US$60 millones dirigidos a apoyar este plan, derivarán del endeudamiento externo del ICFES, a nombre de la Nación.
Pero hay más. En concordancia con los elementos para la modernización de las universidades, serán también criterios para acreditarlas, las que enfaticen en las prácticas sociales.
Finalmente, se profundiza en la no financiación estatal de la educación, creando líneas de crédito para financiar la infraestructura y dotación de las instituciones de educación superior oficiales y privadas, con preferencia a las acreditadas. Lo que en buen romance significa, que el Estado no aporta los recursos para posibilitar la acreditación de las universidades públicas pero, a la vez se los niega porque no reúnen el requisito, o porque no pueden pagar el crédito. Lo que beneficiará como principal receptor, de estos dinero de origen público ($150.024.0 millones a través del ICFES), una vez más al sector privado.
También se reitera la no gratuidad de la educación. Como en concepto de los poshistóricos, la ambición individual es el motor del progreso de la especie humana, entonces seguirá corriendo por cuenta propia de los estudiantes la posibilidad financiera de ingresar a la universidad y, de los investigadores, la formación especializada.
De acuerdo con la lógica del fin de la historia o de la apertura con corazón, aún existen algunos que son capaces aunque lamentablemente pobres por "razones culturales", entonces se les otorgará las becas-crédito previa comprobación que cuenta con el suficiente respaldo para responder por la deuda. Esto se confirma con el anuncio gubernamental de comprometerse a financiar tan sólo a 180.000 bachilleres, en los próximos cuatro años, no necesariamente en universidades públicas. Tampoco queda preciso, como siempre, el apoyo al bienestar material de los estudiantes ( cafetería, salud, vivienda y librería).
EL PLAN DECENAL: EL FIN DE LA EDUCACIÓN Y LA ÚLTIMA MUJER
No exageramos al caracterizar el Plan Decenal y a su inspiradora Ministra, parodiándolo con el título del libro de Fukuyama, obviamente por su contenido profundamente neoliberal, pero también, porque su ejecución implicaría la desaparición del débil núcleo de académicos, científicos, profesionales y técnicos de alto nivel, indispensables para el desarrollo y la soberanía nacional. Los estragos del Plan sólo serían comparables con el arrasamiento que de ese Núcleo hizo Pablo Murillo en 1815, cuando el Imperio -en ese entonces el Español-lo declaró enemigo público número uno, debido a su papel en la independencia y lo que representaría en la consolidación económica de una segunda república. El paredón de fusilamiento del Pacificador, terminó con media centuria de titánicos esfuerzos dedicados a la construcción de una comunidad educativa y científica que logró sobrevivir el inquisitorio Estado feudal y contribuyó a alcanzar la primera Independencia.
Desde entonces, el país reconstruye, con no menores dificultades que entonces, esta comunidad educativa y científica nacional, que hoy existe -no por- sino pese a las diferentes políticas estatales que han diseñado los sucesivos gobiernos, especialmente, en el presente siglo.
Los actuales pelotones de fusilamiento son los inspiradores del Plan Decenal, que aspiran que para el 2005, trescientos años después de la reforma educativa de José Celestino Mutis- el país retorne a la época de los teguas y al analfabetismo general, que en el tercer milenio, estará representado por una población que -en promedio- apenas alcanzará el noveno grado.
LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DECENAL: LA FILOSOFÍA DE LA MISERIA Y LA MISERIA DE LA EDUCACIÓN.
Acorde con la penúltima versión del Plan, presentada por el MEN en el 2? Foro Nacional el 29 y 30 de enero pasado, todo su avance, consiste en convertir el regresivo Salto Educativo, proyectado para cuatro años, en un retroceso decenal. Pese a que el documento final -que se lanzó públicamente en Cali el 23 de febrero-, utiliza una redacción que pretende suavizar las medidas consignadas en el documento preliminar de enero, los cambios no son fundamentales. Por tal razón, las anotaciones que a continuación haremos sobre el Plan, se basarán en el contenido de los dos documentos porque observamos en el primero la forma como se implementará el segundo. Analizado el Salto en la primera parte de esta ponencia, en este punto sólo enfatizaremos en aquellos aspectos que sustenta tanto la anterior afirmación como el subtítulo que le precede.
Cobertura, calidad y gestión, son las columnas vertebrales del Plan, cuyo común denominador consiste en que a medida que este se ejecute, el Estado renuncia a su obligación de brindar cualquier tipo de educación especializada y avanzada a todo nivel. Para el efecto, trata de presentar la filosofía de la miseria y la miseria de la educación como la fórmula redentora.
La estrategia de cobertura por ejemplo, está dirigida a "lograr" que el nivel de instrucción general de la población para el 2005 sea el noveno grado, cuando en la actualidad en potencias de segundo orden, como Inglaterra, se encuentra en trece, lo que aquí equivale a la formación intermedia o técnica. Para un país que requiere con urgencia, que todos los niveles educativos garanticen la aplicación de los conocimientos más avanzados para su desarrollo y su bienestar social, la negación -al menos- de un bachillerato especializado es un atentado contra la soberanía económica, pues nos condena a la importación de cuanto artículo implique un mínimo de tecnología, es decir a la perenne apertura. El Plan se compromete con tan sólo 20 colegios de educación media altamente especializados para el 2001, con el agravante de que el Salto Educativo no destinó recursos para ello hasta 1998.
Pero la Miseria no tiene límites. Allí donde se requiere el mayor conocimiento de la especialidad y de la pedagogía para enseñarla, es donde se decide acudir a negarle a las instituciones educativas el papel que la humanidad les otorgó. Sobredimensionar el "saber popular" para entregar a las madres comunitarias, el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, los fundamentos nocionales, la formación artística y la socialización de los niños en edad preescolar, es justificar que la educación la dirija el analfabetismo y defender la inexistencia de las carreras universitarias para no financiarlas, no importando el desaprovechamiento del desarrollo de la capacidad de los niños o la desastrosa deformación intelectual y física que aquellos parqueaderos de infantes pueden lograr sobre ellos.
No se trata de descalificar a las madres comunitarias, como madres. Pero a ese paso tampoco se van a requerir los pediatras para diagnosticar médicamente a los menores, a pesar del fracaso del programa de los vigías de la salud. Y así, la tergiversación del "saber popular" sería aplicable a todo.
Otro ejemplo, de mayor gravedad, es el "remedio" propuesto para reintegrar a los desertores del aparato educativo, que consiste en relevar las instituciones educativas por las ONG, los medios de comunicación y el ICBF. Partimos del criterio, que estos alumnos han procedido de tal manera, debido a razones económicas o porque el contenido y los métodos de enseñanza no eran lo suficientemente avanzados como para interesarlos o retenerlos. El primer caso, es algo que no depende de la escuela sino de la economía; en el segundo, en especial con los alumnos que mayores dificultades de aprendizaje presentan, lo obvio es la exigencia del mayor grado de actualización de todos los profesionales de la educación y de la infraestructura apropiada para ello.
Ahora la filosofía de la miseria, no sólo niega una educación de calidad sino también la existencia de las instituciones que la especie humana creó para garantizar la sistematización, la transmisión y la producción de su conocimiento, evitando así, que las nuevas generaciones empiecen siempre de nuevo.
Todo lo anterior sin contar que en materia financiera el Plan se inventa una premisa para derivar de ella una acción punitiva contra la comunidad educativa -supuestamente- por despilfarrar los recursos. Sin rubor alguno se da a entender que el eldos a la mitad y en la duplicación de la jornada en el caso de la educación básica y media, durante el mismo lapso.
Es evidente que en el Plan no sólo se pone la trampa para justificar la medida sino que se hace una invitación -e incitación- a los estudiantes y padres para que consideren a directivos y profesores como sus principales contradictores, intentando enfrentar así a los miembros de la comunidad educativa. No ha sido el paternalismo ni la abundancia de recursos materiales estatales la constante, pese a ello la universidad pública produce más del 60% de la investigación realizada en las instituciones superiores. Como en el 71, deslindemos campos: Investigadores, profesores y estudiantes debemos responder por determinar un rumbo académico de alto nivel para las instituciones educativas y el Estado, a su vez, debe garantizar la financiación que ello demande.
La patibularia argumentación del Plan, tiene como objetivo tratar de demostrar que no son indispensables más recursos sino la "optimización" de los existentes para obtener calidad. Pero más grave aún, el tergiversado criterio de autonomía universitaria y escolar convierte a las instituciones educativas en responsables de la cobertura, la calidad y la eficiencia, para lo cual los directivos docentes deben tener la potestad de ejecutar los procesos disciplinarios. Se acude, con neo-demagogia, a una supuesta cruzada por la moral y contra la corrupción, tratando de impresionar y "legitimar" en la opinión pública la idea, según la cual, el buen nivel académico y la eficiencia se obtienen con la aplicación de la Ley 200 de 1995.
De lo que se trata, por supuesto, es de eliminar y negar la asociación y los estatutos propios de los docentes e intentar domeñar la libertad de cátedra y de investigación garantes del avance del conocimiento. Y de paso, el Estado se reserva el derecho y la obligación de inspeccionar y estimular la eficiencia para distribuir los pocos recursos sobre la base de la productividad y los resultados de la investigación. Pero embolata su obligación en la inversión generalizada requerida en infraestructura y en actualización de los profesores, la cuales dependerán del peculio personal de los maestros y de los esfuerzos económicos de la comunidad, lo que significará que en un futuro inmediato, el componente de matrículas deberá sustentar el 25% del presupuesto universitario y en un 100% el de la educación media.
Los estragos que produce la miseria, en la calidad académica y en la producción de conocimiento estaban anunciados desde el Salto Educativo: el regreso a los fracasados e "innovadores" modelos pedagógicos propios de la pobreza, como la escuela nueva, la promoción automática y el autoaprendizaje en la básica y media secundaria; mientras que en la universidad se fortalecerán las carreras a distancia y la reglamentación del Sistema Nacional de Acreditación condenará a las instituciones oficiales a las categorías más bajas y su investigación dependerá de las lisonjas y las necesidades del desarrollo material de los países que prestan el capital, como ha sido sustentado con suficiencia al principio de este material.
La Filosofía de la miseria y la miseria de la educación que orientan el Plan Decenal, sólo se explica por la clara intervención extranjera en el diseño de la política educativa nacional. Más botones para la muestra: la exigencia del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno recortara en 350.000 millones de pesos el gasto público en el presente año, que se suman a los 300.000 millones de 1995 . En consecuencia, el gobierno procedió a recortar en un 3.5% el presupuesto nacional universitario para 1996; a trasladarle a las instituciones educativas las cargas derivadas del saneamiento de los pasivos correspondientes a las cesantías de docentes y trabajadores y a realizar otros recortes adicionales. Sin contar que los dineros provenientes de los CORPES y de las regalías en diversos centros educativos, están refundidos.
La calidad y la cobertura basada en la "optimización de los recursos existentes" no deja de ser una sórdida propuesta, ante el balance que hoy presenta la universidad pública, que tiene dramáticas expresiones como el actual cese de actividades de los empleados y administrativos de la U. Nacional; el déficit de 20.000 millones de pesos de la U. de Antioquia; el inminente cierre de la U. del Valle cuyos 28.000 millones faltantes son el producto, precisamente, de la estrategia de la Gestión que tanto animó a algunos rectores bajo el gobierno de Gaviria.
Ello sin ahondar en la voz de alerta expresada por miembros de los consejos superiores de las universidades de los Llanos, Tecnológica de Pereira, Francisco de Paula Santander, Córdoba, Atlántico, Magdalena . Pero no parece suficiente evidencia para los filósofos de la miseria.
Lo que causó ruina a la educación superior se refrendó en el Plan, pretendiendo animar a los consejos directivos de los colegios para que adopten la gestión -con un lustro de retraso- a cambio de diez millones de pesos para las instituciones que califiquen como eficientes, de acuerdo al Plan de incentivos del Ministerio de Educación.
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: COMEDIA Y TRAGEDIA.
Es prácticamente una ley. Cada vez que un gobierno apela a la democracia participativa, organiza uno o varios eventos en los cuales todos participen, con prolíficas o desencajadas intervenciones de todo género; cuyo propósito central es la "legitimación" de sus propuestas, aseguradas de antemano, gracias al control que ejerce sobre la redacción final de las conclusiones. Todos participen pero sólo uno define, es la regla de oro de la neodemocracia.
La elaboración del Plan Decenal de Educación no se exceptúa de esa vieja práctica propia de la "democracia medieval", cuando el tercer Estado o el pueblo llano parlaba pero la aristocracia y la nobleza siempre definían.
El gobierno presentó al país y a las mesas de trabajo su propuesta, contenida en El Decálogo y está en su derecho. Pero no sobre la base de convocar una infinitud de organizaciones, algunas con el paradójico nombre de no gubernamentales, para abrumar con su superioridad numérica y -en no pocas ocasiones- intentar suplantar a las que verdaderamente representan a los principales estamentos de la comunidad educativa.
Ese procedimiento le permitió convertir a la mayoría en minoría, puesto que un "organización" no educativa, con cuatro integrantes pero con personería jurídica, tiene la misma "representatividad" que los asociaciones de educadores, de investigadores científicos o de estudiantes, elegidas por miles de afiliados. Un ejemplo, en el caso de estos últimos. Un organismo "no gubernamental", en Bogotá, ajeno a la representación estudiantil intentó arrojarse el derecho de citar, de un día para otro y en la segunda semana de diciembre, a un semi-clandestino foro distrital para "definir sus propuestas" para la mesa nacional del Plan. ? las propuestas de quién?.
Tanto cuidado tuvo el Ministerio en garantizar la imposición de su regresiva propuesta, que los escenarios para discutir la elaboración del Plan -los Foros educativos distritales, departamentales y el nacional-, fueron convocados desconociendo las mínimas reglas del juego democrático consignadas en su reglamentación (7). Ello se expresó en infinidad de atropellos, por ejemplo, el reducido lapso entre la expedición de las convocatorias a los foros municipales o locales y la fecha de su instalación; en el caso de Bogotá no superó los 15 días, pese a que la elección y la elaboración de ponencias, exigidas a la hora de la inscripción, requieren de un apropiado lapso de anticipación.
A su vez el Foro Nacional de Educación, realizado en diciembre pasado, no fue el resultado de los foros distritales o departamentales, ya sea porque estos no se realizaron o porque las favorables conclusiones que lograron sobrevivir y salvar la cantidad de obstáculos en las entidades territoriales, pasaron a condición de traspapelarse entre el sustancial número de asistentes invitados por la discrecionalidad Ministerial.
Aún así, fue tan poco presentable la propuesta gubernamental, que pese a estas irregularidades y al trato recibido por las intervenciones provenientes de la provincia, reducidas a un minuto, el indignado auditorio no la aprobó y -ante el precipitado levantamiento de las sesiones-, elaboró un documento y alcanzó a designar una comisión que compelió al Ministerio a presentar un "nueva versión", en un evento nacional más amplio citado para el 29 y 30 de enero pasado. Por supuesto que la nueva versión no varió en lo esencial y la redacción del texto final fue el producto de una "comisión técnica" del Ministerio y de una delegación del evento de enero, las cuales no incorporaron sustanciales reformas a El Decálogo de siempre.
Mientras las mesas y foros "deliberaban", el Consejo Nacional de la Educación Superior, afinaba la reglamentación del Sistema Nacional de Acreditación universitaria y se conocía el recorte de 3.5% del presupuesto destinado para la educación pública para 1996. A la vez que, el Ministerio de Educación preparaba los decretos reglamentarios de la Ley 115 de 1994. Lo que en buen romance significa que el Plan ya se estaba ejecutando, antes de terminar su "elaboración".
Todo a sabiendas de la posición del Movimiento Estudiantil organizado en el CONSEC y la representación de este estamento ante el CESU, señaló que un auténtico Plan de Desarrollo educativo parte de la necesaria abolición o sustancial reforma de la Ley 30 de 1992 y del respeto y la materialización de las conquistas consignadas por la comunidad educativa en la Ley 115 de 1994. Exigencia que también hicieron los representantes de más de 100.000 educadores y directivos docentes estatales y de la cual se hizo caso omiso.
Tal vez por estas razones, no deja de llamar la atención, que fuera precisamente en la época en que el año lectivo perece y las vacaciones implican una necesaria dispersión, la escogida para la apretujada agenda de deliberaciones, con el propósito adicional de acallar los crecientes reclamos de estudiantes y profesores e increparlos con un "...pero usted no participó". Viejo truco propio de neomarrulleros.
La comunidad educativa y científica no puede aceptar ser suplantada por el gobierno y las organizaciones que no las representan, con el evidente propósito de desconocer sus conquistas y sus propuestas para una reforma científica y democrática de la educación.
IMPULSEMOS UNA VERDADERA REFORMA QUE GARANTICE UNA EDUCACION PUBLICA, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA.
LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
Una educación científica y democrática en estos niveles, pasa por respetar las conquistas de la comunidad educativa consignadas en la Ley General de Educación o 115 de 1994. Su desconocimiento por parte del Salto Educativo y el Plan Decenal, se expresa en el debilitamiento financiero de la educación pública, el fortalecimiento de la privada con recursos del Estado, la desmejora de la calidad científica de la educación y el desconocimiento de la autonomía y los gobiernos escolares en reforma académica y la asignación de obligaciones de "gestión" que desnaturaliza su verdadero significado. En consecuencia proponemos como principales criterios los siguientes:
1. La defensa de la educación formal expuesta en el articulado de la Ley, es trascendental. Ello significa, la preescolaridad de tres años bajo la orientación de los respectivos profesionales; la educación básica primaria y secundaria con las mismas áreas obligatorias y una educación media del más alto grado de especialización académica o técnica, la cual debe constituirse en el nivel mínimo de instrucción generalizada de la población al término de la próxima década.
2. Defender la autonomía escolar por considerarla como la principal conquista académica obtenida en la Ley, pues ella le permite a las instituciones materializar una reforma que priorice en los conocimientos fundamentales y más avanzados, sin sujeción a los currículos y a los planes de estudio únicos que antes de la Ley, expedía el Ministerio para todo el país.
3. El gobierno escolar no puede considerarse como un ejercicio inútil de la democracia. Este debe constituirse en el principal escenario que posibilite la materialización de la reforma educativa. Su funcionamiento garantiza, que sean los directivos docentes, los docentes, los estudiantes y padres de familia, quienes de manera colegiada elaboren la reforma educativa con las características anteriormente anotadas.
Debemos reiterar el criterio según el cual, los representantes de los estudiantes y los profesores debemos considerar -como la actividad fundamental de todos los estamentos y consejos componentes del gobierno escolar-, la de dirigir el rumbo académico de la institución, mientras que los asuntos financieros son responsabilidad del Estado.
Igualmente, reiterar que la inversión estatal en infraestructura y actualización docente debe ser generalizada y no debe ir dirigida a un número reducido de establecimientos y docentes, subordinándola a las escasas y discriminatorias políticas del Plan de estímulos.
4. Acorde con los puntos anteriores, son funciones propios de la autonomía y los gobiernos escolares, asuntos de importancia tales como: los lineamentos curriculares por nivel; los planes de estudio de la educación básica y media; las innovaciones metodológicas, la semestralización, los criterios de promoción y evaluación que de lo anterior se deriva y el tipo de educación media que definirá la institución; la unificación de la oferta educativa; la posibilidad de la jornada única diurna; la elaboración del reglamento de profesores que respete el Estatuto Docente y un manual de convivencia de los estudiantes que acoja los derechos fundamentales consignados en la Constitución Política, la Ley General de Educación y el Código del Menor; y, por último, el mejor bienestar escolar.
Un reforma que garantice una educación superior de alta calidad y que le sirva al país, debe elaborarse -indiscutiblemente- sobre la base de abolir o reformar sustancialmente la ley 30 de 1992. Lo anterior implica detener su paulatina materialización, contenida en el Salto Educativo, en el documento CONPES de educación superior y en el Plan Decenal, cuyas recomendaciones a su vez, están consignadas en diversos documentos entre los cuales se destacan: La Misión para la Modernización de la Universidad; Formación de Capital Humano para el Bienestar y la Competitividad; la reglamentación del Sistema Nacional de Acreditación y del Sistema Universitario Estatal.
Se requiere de una reforma democrática y científica de la universidad, algunos de cuyos criterios aquí proponemos:
1. La educación superior hace parte de una estrategia general para el desarrollo autónomo del país. El norte fundamental de esta estrategia debe ser una política que contribuya al desarrollo de la producción nacional y a mejorar el bienestar de la población. El papel de la educación es la formación de alto nivel del recurso humano y la producción de conocimientos para contribuir al logro de tales fines.
2. La principal contribución de la educación a la sociedad, es su aporte al desarrollo económico del país y al bienestar social de la población a través del conocimiento más avanzado y la generación de nuevo por medio de la investigación. Por lo tanto, los efectos sociales de la educación no son cuantificables financieramente de manera inmediata. En tal sentido, los recursos estatales para su financiación no pueden ser condicionados o asignados sobre la base de los resultados en dinero o su equivalente.
3. La responsabilidad financiera de la educación superior es estatal. Ello constituye una condición necesaria para establecer los mecanismos de selección del personal de investigadores, docente y estudiantil, con base en criterios exclusivamente académicos e intelectuales, posibilitando así, el ingreso de las personas con las mayores capacidades.
En el caso de la población estudiantil, corresponde al Estado garantizar semestralmente la admisión de la más granado de la inteligencia nacional, a sus programas de pregrado y de posgrado. Por lo tanto, la gratuidad de la educación se convierte en un instrumento eficaz para que ello sea posible, lo que obliga a que la actual fórmula " de quien pueda pagar pague y quien no que no lo haga" sea eliminada por haberse convertido, por gracia del cada vez más elevado valor de las matrículas e inscripciones en "quien no pague, no entra" independientemente de sus altas calidades.
No corresponde a la universidad asumir funciones fiscales, propias del ministerio de hacienda, escudriñando mediante los formularios de inscripción y los recibos de los servicios públicos, la capacidad económica de los aspirantes y de sus familias, para condicionar su ingreso. Este es un asunto propio del sistema tributario del Estado, por lo tanto, sencillamente quien tenga más recursos paga a través de impuestos directos.
El soporte financiero por parte del Estado, debe incluir el sostenimiento de las personas en los casos en que se considere necesario, para garantizar el acceso a la educación superior de los más sobresalientes. La admisión y la manutención no puede estar sujeta a la aceptación de los préstamos, a sus muy pequeñas asignaciones mensuales, ni mucho menos a las condiciones propias del régimen financiero, las cuales se han constituido en óbice para el ingreso de los mejores estudiantes a las instituciones públicas de educación superior. Este debe ser un criterio prioritario de la p uncionamiento, inversión e investigación, lo hará teniendo en cuenta los proyectos de presupuesto que elaboren las instituciones públicas de educación superior.
El órgano correspondiente estatal asignará los recursos con base en el consolidado nacional que realice el organismo anteriormente mencionado. La nueva Ley establecerá una destinación específica, cuyo porcentaje con relación al PIB, debe ser de igual proporción a la inversión pública que en la educación superior realizan los países desarrollados. La única participación en el presupuesto, por parte de los profesores, estudiantes e investigadores, será en su elaboración -con los criterios anotados- y en la fiscalización de su gasto.
5. La estructura interna de las instituciones debe garantizar que las actividades administrativas y el diseño de políticas académicas e investigativas se manejen por especialistas en cada una de las áreas. La representación estatal y gubernamental debe concentrarse fundamentalmente en los asuntos propios de la financiación y la administración. Las decisiones y el diseño de las políticas académicas deben ser orientados por organismos colegiados, cuyos miembros en forma mayoritaria deben ser parte de la comunidad académica de las instituciones, es decir, investigadores, profesores y estudiantes. La selección de dichos miembros debe ser lo más democrática, lo que significa defender el sufragio universal.
6. Los organismos nacionales de diseño de políticas académicas y de control deben establecer unos requisitos mínimos de infraestructura, docentes, investigación, etc, para que la instituciones de educación universitaria se acrediten como tales, atendiendo a los siguientes criterios: Deben ser obligatorios para todas las instituciones, lo que implica la eliminación del carácter voluntario del actual sistema nacional de acreditación; los requisitos deben elaborarse acorde al área del conocimiento y la carrera, lo que no significa la acreditación de toda la institución; su finalidad debe ser la de garantizar la calidad y la corrección de las falencias.
En el caso de las instituciones públicas de educación superior, el Estado asignará los recursos necesarios para que estas cumplan los requisitos mínimos de acreditación universitaria. Cumplido esto, las instituciones se someterán a los beneficios y sanciones que derive de la reglamentación correspondiente, cuyo cumplimiento puede mantenerse a cargo del Consejo Nacional de Acreditación, sobre la base de aceptar como parte de sus integrantes las representaciones (o sus delegados) de los estudiantes, de los profesores y de la comunidad académica.
7. Los organismos nacionales de diseño de políticas académicas deben hacer parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, teniendo en cuenta como principal escenario de ejecución de la política de ciencia y tecnología a las universidades. La política de ciencia y tecnología, debe tener como criterio fundamental para definir sus prioridades de investigación, las necesidades del desarrollo nacional y del mejor estar de la población. Lo anterior implica eliminar la recomendación del Ministerio de Educación Nacional y el DNP al CONPES, contra la autonomía universitaria, la libertad de investigación nacional y la calidad las instituciones de educación superior, según la cual, la creación de sus nuevos programas académicos y la formación de sus recursos humanos deberán someterse a la "globalización", so pena de no recibir los recursos asignados al ICFES, provenientes del endeudamiento externo.
8. Las instituciones educativas garantizarán el derecho de asociación, expresión y movilización de estudiantes, profesores y trabajadores. La dirección de las mismas, sólo reconocerá como interlocutores válidos de cada estamento a sus representantes democráticamente elegidos por sus integrantes.
LA POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.
Los Decretos que en 1991, dieron origen a la creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, excluyeron de su dirección a la comunidad científica nacional centralizando todas las decisiones claves en el Presidente de la República y el Departamento Nacional de Planeación. Ello significó que el diseño de la política de ciencia y tecnología estuviese subordinada a las exigencias de la banca mundial en lo que respecta a la reducción del gasto público y a los préstamos que condicionaron las prioridades de investigación a la apertura económica y las fuerzas del mercado internacionales. Lo anterior, ha erosionado sustancialmente la autonomía académica de las instituciones de educación superior. Conscientes de la necesidad del fortalecimiento de una comunidad académica y científica nacional, proponemos los siguientes criterios para impulsar una política de ciencia y tecnología a favor de los intereses del país:
1. Debe hacer parte de una estrategia de desarrollo autónomo del país. Su finalidad es garantizar la formación del recurso humano altamente calificado, la apropiación de tecnología y la generación de conocimiento científico tecnológico.
2. De igual manera que la educación, la contribución de la ciencia y la tecnología a la sociedad, se hace fundamentalmente a través de su papel en el desarrollo de la producción nacional y en el mejorestar de su población. Este criterio, debe definir las áreas del conocimiento que deben ser priorizadas.
3. Se debe establecer un monto de inversión en ciencia y tecnología de igual proporción a la de los países desarrollados con relación al PIB, 4-5%. La fuente de los recursos debe ser el Estado. No se puede esperar que las actividades de ciencia y tecnología sean rentables por sí mismas y por tanto autofinanciables. Los resultados de dichas actividades deben considerarse beneficiosos si su aplicación contribuye al fortalecimiento de la producción nacional y al bienestar de la población; la investigación así orientada obtiene su cometido, de manera general, a mediano y largo plazo. El lucro tampoco puede considerarse, como el aspecto principal de la aprobación de los proyectos de investigación.
4. El Estado debe garantizar que el diseño de las políticas y el establecimiento de las prioridades, sea realizado fundamentalmente por especialistas en consonancia con las necesidades del desarrollo económico autónomo. Como criterio general, el gobierno debe participar pero nunca los organismos decisorios deben estar constituidos en forma mayoritaria por funcionarios del gobierno. El actual Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debe ser reestructurado, los organismos deben tener poder decisorio y sus miembros deben ser investigadores en forma mayoritaria. Corresponde al Sistema, la administración de los recursos de la Nación destinados a la política de ciencia y tecnología.
5. Como resultado de las evaluaciones anteriores y de la más reciente, contenida en la Política de Ciencia y Tecnología 1994-1998, se debe hacer especial énfasis, en la formación de recurso humano altamente capacitado para hacer investigación, dignamente remunerado. La meta debe ser que, en forma acelerada, se alcance la proporción de 6500 investigadores por millón de habitantes, existente en los países desarrollados. De otra parte, se debe suplir la carencia casi total de infraestructura y equipos, necesaria para hacer investigación en un país que tenga intenciones reales de desarrollo, creando instituciones independientes o adscritas a las universidades en todas las áreas del conocimiento.
Se infiere de lo sustentado en esta ponencia, que corresponde a estudiantes profesores e investigadores, defender la estratégica existencia de una comunidad académica y científica que pugne por la soberanía nacional en el campo de la educación y la cultura. Lo contrario, significa el atraso y la subyugación. No hay término medio.
Es en ese contexto que cobran verdadera vigencia y carácter de patrióticas las jornadas de los maestros y estudiantes de primaria y secundaria por materializar las conquistas obtenidas en la Ley 115 de 1994. Igualmente, la lucha de los trabajadores, profesores y estudiantes del SENA por evitar su privatización apoyados en la batallada Ley 119 del mismo año.
También tienen el mismo sentido los paros y movilizaciones adelantados por miles de estudiantes universitarios, en todo el país contra la privatización de sus instituciones y contra las gubernamentales reformas académico-curriculares.
Corresponde a eventos de este género continuar desentrañando la naturaleza del posmodernismo y del neoliberalismo, advertir sobre sus estragos, proponer una reforma democrática y científica de la educación y animar a los estudiantes y profesores de todo el país para librar una batalla coordinada nacionalmente en procura de estos objetivos.
En este sentido, reiteramos nuestra propuesta de conformar un gran Frente por la defensa la educación pública, científica y democrática, en la que participen, sin excepción, todos los miembros de la comunidad educativa y científica.
Como primer paso, el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, CONSEC, invita a que, antes de terminar el presente semestre, realicemos un Gran Foro Nacional en cuya convocatoria participen las organizaciones profesorales, la comunidad científica, el sector productivo y los consejos superiores.
Esta propuesta debe conducirnos a unificar nuestros lenguaje alrededor de unos criterios fundamentales que guíen una reforma de la educación que defienda los intereses de la población y del país en el campo de la educación, la ciencia y la cultura.
Es este proceder el que evidencia la real dimensión y necesidad de poderosas organizaciones de estudiantes y profesores. Y es la lucha por "utopías" como las expuestas, las que logran hacer avanzar a las naciones y las que registra la historia. Por eso recordamos el papel de Mutis y de sus discípulos en procura de la ciencia y la independencia nacional o de los movimientos estudiantiles de la década del 70, cuyos criterios sobre una reforma educativa constituyeron un aporte y que hoy demuestran su vigencia en toda su magnitud. Por la mismas razones tenemos el deber de ser reconocidos por las generaciones de comienzos del tercer milenio.