A propósito de la ley 30 de 1992.

LA UNIVERSIDAD: UNA MAQUILA MAS

PASCUAL AMEZQUITA ZARATE

La ley 30 de 1992 "por la cual se organiza el servicio público de la educación superior" merece ser analizada al menos desde dos ángulos. De una parte en relación con el decreto ley 80 de 1980 y de otra como pieza del mecano aperturista hoy en boga.

Sobre el primer asunto, su relación con la censurada reforma de Turbay Ayala de la década del 80, podemos afirmar que nos encontramos ante la continuación y profundización de una tendencia que se acentuó en aquel entonces: mayor recorte de la democracia y de la autonomía universitaria. Las consecuencias después de 12 años están a la vista: merma de la calidad de la educación, proliferación de la educación privada, aletargamiento de la lucha de profesores y estudiantes por sus derechos.

El Consejo Superior Universitario reformado en la ley del 92 hace aún más difícil el ejercicio de los derechos y aspiraciones de estudiantes y profesores al colocarlos en notoria desventaja en ese organismo, pues apenas tienen cada uno un escaño entre los nueve que conforman el organismo. Por lo demás, los otros organismos que conforman el gobierno de las instituciones son en general apenas asesores de la rectoría o del Consejo Superior. He aquí una típica materialización de la democracia participativa cuya característica, a lo que se ha visto en su historia en el país, es que se convoca a opinar a todo el que tenga oídos pero las decisiones son tomadas por unos pocos, muy pocos.

Otros derechos democráticos no reciben un mejor tratamiento. La libertad de cátedra y de asociación seguirán en entredicho mientras que parte sustancial de los miembros del cuerpo docente puedan ser vinculados como simples contratistas.

En cuanto a la Autonomía Universitaria la espesa parrafada del artículo 28 queda realmente reducida a poder cobrar los derechos pecuniarios y demás exacciones y nada más, cuando se consideran las siguientes limitaciones existentes:

1. El gobierno nacional a través del CESU es quien determina "las políticas y planes para la marcha de la educación superior", art. 65, siendo obviamente obligación de las universidades atenerse a esas determinaciones, como lo indica el art. 57. La tan anunciada desaparición del ICFES corrió la misma suerte que la desaparición del Estado de Sitio: a cambio de una figura, nacieron tres.

2. La ya frágil libertad de investigación en las universidades públicas fue achicada con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instaurado por el decreto 585 del 26 de febrero de 1991. Es este Consejo quien define lo que ha de investigarse allí, pues del sistema nacional de ciencia y tecnología "...forman parte todos los programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente de la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle".

3. El Consejo Superior Universitario no sólo es de conformación antidemocrática sino además objetivamente extrauniversitario. Apenas dos de los nueve miembros están sin duda alguna efectivamente ligados a la institución. Con el otrosí de que uno de sus miembros será representante del sector productivo, posibilidad que por ejemplo la Universidad Pedagógica Nacional piensa aprovechar para darle cabida, nada más ni nada menos, que a un empresario de las editoriales .

4. La atribución de "racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros" está en cabeza no de la institución interesada sino del Sistema de Universidades del Estado que el capítulo IV crea.

5. La ley de presupuesto nacional tiene unos criterios rígidos e insoslayables para las universidades cuando se trata de manejar los recursos, restándole capacidad de maniobra. El sólo hecho de que el presupuesto se entregue por doceavas ya es un escollo, pero no el único. Otro ejemplo lo constituye el decreto 131 de enero de 1991 el cual impuso que "la aprobación por el Icfes de nuevos programas académicos en la Universidad Nacional que impliquen costos adicionales en el presupuesto, requerirán de concepto previo y favorable de la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la disponibilidad de recursos para financiar dicho programa". Llamamos la atención de que, teóricamente, la Universidad Nacional es la más autónoma de las universidades. Es que ni siquiera las universidades son dueñas de los rendimientos financieros que produzcan los recursos.

6. El hecho de que la universidad se vea compelida a buscar parte de sus recursos en la venta de servicios hace que en el caso de la investigación no se aborden los temas que interesa a la universidad o a los profesores y estudiantes sino aquellos que interesen a la entidad que financia, muchas veces ajenos aún a los intereses nacionales. Es más, ya es notorio que las instituciones ponen muchos de sus recursos humanos y físicos no al servicio de los intereses académicos institucionales sino que los dedican a las actividades llamadas de "extensión", para con ello obtener los ansiados recursos. En el mismo punto no es desatinado preguntarse cuántos de los postgrados de las universidades públicas son establecidos más como un arbitrio rentístico que como un interés por hacer ciencia.

7. Con este sintético recuento de obstáculos, queda claro que la autonomía académica no pasa de ser una simple fórmula, pero por si hubiesen intersticios no detectados el Consejo Superior es el encargado de "definir las políticas académicas" de la institución. Así las cosas, constituye bufonada de mal gusto que el artículo 68 preceptúe que "el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la institución".

Nótese que a la universidad privada sí se le respeta su fuero. ?Por qué tal discriminación?

La relación de la reforma universitaria con el neoliberalismo rampante y su forma nacional, la apertura, o si se prefiere su barbarismo lugareño, el "revolcón", es evidente y catastrófica. De los varios aspectos de tal política económica y en relación con la educación, destacamos los siguientes:

1. Acoge como modelo de desarrollo la mal llamada industrialización vía las maquilas, las cuales se caracterizan porque el valor agregado que incorporan puede provenir de mano de obra poco menos que analfabeta. En el otro extremo, la ruina de la producción nacional -como se está viendo- es paliada vía la "microempresarización" del país. En ambos casos, ?qué interés puede tener el gobierno en impulsar una universidad nacional, científica y popular? ?Qué gerentes o ingenieros o médicos pueden necesitar y además pagar los artesanos del barrio Restrepo o las maquilas que arman jeanes en Don Matías, Antioquia?

2. En cumplimiento de la ortodoxia fondomonetarista de presupuesto equilibrado, el gobierno adelanta una política de sistemático recorte de recursos en el llamado gasto social como lo han denunciado hasta intelectuales liberales como Hernando Agudelo Villa. De ahí que el galimatías de los artículos 86 y 87 de la ley y en general todo el capítulo V no apunten a resolver la asfixia económica de las universidades.

En apoyo de la tesis del presupuesto sin déficit se desempolvan rancias teorías sobre el papel del Estado para justificar, post factum, las imposiciones aceptadas y que tienen su expresión local en el tratamiento dado al bienestar universitario. Se ha excluido de un tajo las residencias estudiantiles, las cafeterías subsidiadas y el servicio médico a cambio de migajas que cuando las hay sirven es para poner en evidencia la gravedad del problema.

3. A una velocidad geométricamente progresiva el país está convirtiéndose en importador de cuanto cachivache se consigue en Miami con el hecho cierto de que son más baratos que los nacionales, pero al costo de arrasar con la producción nacional. Para el caso de las universidades, el ministro Hommes llegó hasta el colmo de plantear que "aprovechando el desbarajuste de Europa Oriental, traería de aquellas latitudes emigrantes entendidos con el fin de ?ahorrarse dinero en la inversión de capital humano altamente capacitado?..." . Que la afirmación no fue un lapsus lo garantiza esta otra: "Así mismo (el Ministro de Hacienda) criticó la deficiente estructura del país para ofrecerle a los jóvenes posibilidades de realizar postgrados y doctorados. ?Por eso, aseguró, es mejor preparar la gente fuera del país?" .

4. Como complemento necesario del "revolcón" y a nombre de la "racionalización" el artículo transitorio 20 de la Constitución de 1991 dio piso legal a la hecatombe de trabajadores estatales que se materializó en los 61 decretos de diciembre de 1992. Pues bien, la ley de las universidades tiene su pequeño transitorio 20 al autorizar al Sistema de Universidades Estatales en el mencionado artículo 81 para "racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros", amén del artículo 142 que pone en la picota a la Universidad Nacional.

5. Corolario de lo que se ha indicado es que se acentúa la política de autofinanciación anunciada desde el Plan de Apertura Educativa. Por si pareciera insuficiente la extensa lista de derechos pecuniarios consagrada en el artículo 122, su parágrafo 2? recoge una de las más detestables mañas de la educación privada, la de cobrar por aparte el uso de canchas, computadores o baños, al autorizar un sobreprecio en las matrículas del 20% bajo el eufemismo de "derechos complementarios".

Para tratar de morigerar en algo la penosa situación de buena parte de la población que no tiene medios para pagar los altos costos de la educación superior, la ley comentada anuncia el fortalecimiento del Icetex, mientras que sospechosamente el gobierno vive amenazando con la quiebra de la entidad. Pero suponiendo que la banca privada asuma el negocio de los préstamos educativos -posibilidad lógica en la concepción decimonónica del papel del Estado que impera en el gobierno- nos encontramos con que el ingreso a la universidad no lo define la oficina de admisiones de la institución sino el jefe de la oficina de crédito del banco.

6. Es evidente que la devastación de la educación pública beneficia a la privada. Con una universidad pública arruinada, sin autonomía, con mala propaganda y con defensores como el ex-rector Ricardo Mosquera, las privadas podrán continuar con los brazos cruzados esperando que lleguen sus clientes. Ni siquiera para guardar las apariencias se mantuvo el cándido precepto del decreto ley 80 de 1980 que señalaba como función del ICFES "adoptar todas las medidas necesarias para que no se confunda el principio de la libertad de enseñanza con el de la libertad de empresa" . Es el espíritu de los tiempos.

Una universidad sin autonomía académica y supeditada a los dictámenes del capital -léase, la rentabilidad-, está lejos de destacarse en el ámbito científico y tecnológico. Si hay un sector que diáfanamente muestra que allí no pueden imperar las leyes del "sálvese quien pueda" es, además del grupo de don Félix Correa, el relacionado con la educación y la investigación. El neoliberalismo de Reagan y de Tatcher dejó a EE.UU e Inglaterra tendidos en la pista frente a sus competidores japoneses y alemanes. Hoy hacen gigantescos esfuerzos por tratar de recobrar el tiempo perdido, empezando por devolver a los anaqueles las teorías que sustentaron la reaganomanía, no sin antes presentárselas a los países del Sur como la última moda.

A la par con la desindustrialización del país, las universidades deberán convertirse en maquila para la investigación que circunstancialmente requieran las maquilas del sector productivo -por definición tan de poco nivel como lo son las empresas usuarias- y en capacitadora de la mano de obra que las tantas veces mencionadas maquilas requieren. El Departamento Nacional de Planeación, leviatán del leviatán, será el encargado de velar porque así ocurra.

Y la universidad, con muchos rectores a bordo, está poniendo en marcha esta ley que dará al traste con el interés nacional de conformar la selección nacional de la inteligencia. El quid del asunto, si se quiere resumir, es que la universidad no se dedicará a resolver las necesidades científicas y tecnológicas que el desarrollo independiente del país requiere satisfacer, sino aquellas que los prestamistas, inversionistas y especuladores impongan.

Corresponde a la comunidad científica, a los profesores y estudiantes, conformar un frente que pugne por la defensa de la universidad pública, de la investigación al servicio de los intereses nacionales y de un ambiente democrático que permita la libre confrontación de las ideas. Solo de esta manera la universidad podrá responder a los retos que el país tiene, empezando por la salvaguardia de su soberanía.

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