La Comunidad Educativa Frente al Neoliberalismo.

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FORO NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA FORMACION PROFESIONAL Y SU DESARROLLO

Pascual Amézquita Zárate

Frente a la arremetida del Gobierno contra el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) dirigida a imponer su privatización, el Sindicato de empleados públicos de la entidad, SINDESENA, ha venido adelantando una importante campaña de difusión de los diferentes aspectos relacionados con esa política.

El 5 de junio pasado, en el Centro de Hotelería de la entidad en Bogotá, se realizó el "Foro nacional por la defensa de la formación profesional y su desarrollo", en el cual intervinieron representantes de todos los estamentos de la institución, así como de diversas entidades vinculadas directa o indirectamente con el SENA como las centrales obreras, asociaciones campesinas, empresarios e investigadores.

En el evento se hizo un recuento histórico de la entidad y se confrontaron las tesis que originaron el llamado por la defensa del SENA. La actividad básica de la entidad es la "Formación Profesional" por medio de la cual se capacita a los trabajadores en una muy variada gama de profesiones y oficios. Este objetivo logró imponerse luego de una muy tenaz lucha adelantada por los obreros contra el Estado y los empleadores quienes no obstante ser los directos beneficiaros de la capacitación de los obreros no estaban dispuestos a contribuir con la creación de una entidad formadora.

En el año 1985 los planes del SENA sufrieron un rudo golpe cuando por disposición del Gobierno se estableció que el 50% del presupuesto del Servicio debería dedicarse a programas que no obstante su posible utilidad no están relacionados con la finalidad para la cual se fundó. Además tampoco se escapa del llamado principio de "unidad de caja" según el cual deberán retornar mensualmente a la Tesorería Nacional los dineros que no se alcancen a gastar.

A principios de la década del 90 se estableció en la Ley de Ciencia y Tecnología que los empresarios pueden retener el 50% de sus aportes de ley e invertirlos en capacitación en entidades privadas que ellos mismos pueden establecer.

Como resultado de las paulatinas medidas de privatización, se muestran los siguientes datos:

SECTOR Reducción aprendices egresados 1982-86 y 1987-91. Reducción técnicos y tecnólogos egresados 1982-86 y 1987-91.
AGROPECUARIO 11% 41%
INDUSTRIAL 10% 19%
COM-SERVICIOS 33% 46%
Fuente: Dirección de Evaluación y Estadística de la Dirección General del SENA.

Por último, en el marco de la Apertura Económica se anuncia la introducción de una nueva medida para convertir al SENA en instituto de innovaciones tecnológicas, dejando de lado la formación profesional.

Es indispensable resaltar que ni SINDESENA ni ninguna de las organizaciones que están por la defensa de la institución se opone a la creación de un centro para investigaciones tecnológicas, pero lo que no se comparte es que se haga al costo de la desaparición del Servicio Nacional de Aprendizaje, en consideración a que con ello se continúa con el proceso de privatización de la educación y que los más lesionados directamente serán los sectores sociales que no tienen posibilidades de acceder a otros niveles de educación, menos aún si estos son privados y, además, en muchas áreas rurales del país, el único medio de capacitación con que cuentan los campesinos es justamente el SENA.

La política de cambiar la naturaleza del SENA obedece en primera instancia a las mismas razones que han impulsado los demás procesos de privatización, es decir, la política del FMI dirigida a que el Estado no destine recursos a la inversión social. Sin embargo, se busca ocultarla aduciendo la justa presión de los industriales a quienes se les ofreció desde el comienzo mismo de la Apertura el apoyo estatal para mejorar la productividad sin que hasta el momento se haya hecho nada al respecto. No se compadece con nada que sea nuevamente la clase obrera la que deba pagar los platos rotos de la improvidencia del Estado.

EL SENA constituye un importante eslabón de la educación pública -a pesar de estar adscrito al Ministerio de Trabajo- y por tanto compete a todos los educadores contribuir a su defensa.

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