LA ACTUAL LUCHA POR LA EXISTENCIA DE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA Y CIENTIFICA NACIONAL

Miguel A. Pardo R.

Subtitulos:
Del preescolar a la educación media.
Precisiones finales.

El ex-ministro de hacienda, Rudolf Hommes, inauguró su administración con una declaración que causó inquietud en nuestra débil comunidad de académicos, científicos y tecnólogos del país; sin empacho alguno advirtió que "aprovechando el desbarajuste de Europa Oriental, traería de aquellas latitudes emigrantes entendidos con el fin de ahorrarse dinero en la inversión de capital humano altamente capacitado" .

La notificación se convirtió en una luctuosa sentencia gubernamental. Así lo demuestran la ferocidad sin límites a la que se apeló para vender un patrimonio nacional, el único con tecnología de punta en el país, como es el caso de Telecom. O la manera fulminante como se privatizó el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con el mayor número de posgraduados en un país cuyo sector agrario aún reclama con desespero el apoyo de un Estado soberano. Pero -coherente con los anuncios económicos- el gobierno argumentó que todo sería susceptible de ser importado, entonces ? para qué producirlo aquí?; y se nos anunció sin rubor alguno, como si no conociéramos la historia del desarrollo de las naciones industrializadas, que nuestro porvenir se encontraba en convertirnos en una gran población de consumidores; que es la circulación de capital y el comercio el principal indicador del desarrollo y bienestar social y no la capacidad productiva. Entonces la inferencia no fue difícil: una educación y una comunidad científica no se amerita en un país que puede importarlo todo.... hasta los profesionales y técnicos tal como lo afirmó el ex-ministro Hommes.

A renglón seguido, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, no la Comunidad educativa y científica, se constituyeron en los principales diseñadores de las reformas en estas materias: el SENA, la universidad pública, los centros de investigación, la conformación y funciones del nuevo sistema nacional de ciencia y tecnología y hasta de la secundaria y la primaria.

Este artículo tiene la pretensión de establecer las intenciones y ejecutorias de un gobierno que se declaró neoliberal en asuntos de educación, ciencia, tecnología y desarrollo. Como también los puntos de vista y logros de quienes salieron a librar una de las batallas menos publicitadas pero colmada de intensos esfuerzos por defender la existencia de la mencionada Comunidad. Sin embargo el necesario examen lo circuscribiré a un punto de referencia decisivo para los contradictores y protagonistas de esta brega: la calidad tanto en la educación como también de su producción nacional de ciencia y tecnología. Se trata de desnudar el planteamiento de quienes consideran que la enseñanza y apropiación de lo más avanzado del conocimiento debe ser una actividad social indefinidamente ajena a pueblos como el nuestro, en contravía de quienes reconocemos en estos instrumentos una garantía de bienestar social. Es en últimas, una batalla por la defensa de la soberanía en el campo de la educación y la cultura.

En estas próximas cuartillas sólo me dedicaré a la reforma educativa desde el nivel de preescolar a la educación media, aplazando para una segunda parte lo referente a la universidad y la investigación científica, entre otras cosas, porque vale la pena esperar algunas definiciones del CESU sobre los derroteros a seguir en vitales asuntos como la modernización y el sistema de acreditación nacional.

DEL PREESCOLAR A LA EDUCACION MEDIA.

Ardua fue la contienda en estos primeros niveles educativos cuyo desenlace estuvo precedido de varios borradores del proyecto de Ley General de Educación en el cual intervinieron todos los sectores sociales que están o se sintieron involucrados, en particular, los empresarios privados, tanto laicos como eclesiásticos, y por supuesto el Estado y los maestros. A su vez las propuestas de cada uno de los protagonistas contaron con argumentos de fuerza con el propósito de obtener el reconocimiento como interlocutor válido. No debe olvidarse que hace muchas décadas el país no observaba una cruzada nacional, con manifestaciones públicas a bordo, ordenada por los altos jerarcas de la iglesia en defensa del la obligatoriedad y el monopolio de la enseñanza de la religión católica, pese a lo consagrado en la Constitución del 91, como también de sus intereses en las Normales.

El país también asistió a uno de los paros más fuertes que recuerde el magisterio, con la novedad de que en esta ocasión el motivo del conflicto desbordaba los mojones de las reivindicaciones laborales y asumió la dimensión histórica no sólo de defender la existencia de la educación pública sino de demostrar su capacidad para consignar en un articulado los criterios básicos de lo que debe ser una reforma educativa democrática y científica.

Realmente fueron los docentes los contradictores principales del gobierno, el cual a través de DNP tuvo como constante la de intentar subordinar toda la reforma y la calidad de la educación al ahorro del gasto público y a las condiciones derivadas de los préstamos internacionales de la Banca . Basta con mencionar algunas de las novedades que le aguardaban a los niveles educativos desde la preesecolaridad hasta el último grado de secundaria consignados en Plan de Apertura Educativa (PAE) si no hubiesen sido conjuradas, en lo fundamental, por los maestros como resultado de su justa. Pero aún más importante, es que como epílogo de la misma lograron consignar sus argumentos en parte del articulado de la Ley 60 de 1993 y la nueva Ley General de Educación . No sobra decir que la contienda es de largo aliento y que desde la sanción presidencial de las dos leyes el gobierno ha intentado, por vía de la reglamentación, recuperar el terreno perdido, lo que explica el duro forcejeo alrededor de la misma entre FECODE y los ministerios de educación y hacienda durante los últimos meses, en particular julio y agosto del presente año.

Teniendo en cuenta el anterior contexto desentrañaré en los anunciados niveles educativos lo que planteó el gobierno, lo que propuso el magisterio y lo que quedó.

En el primer nivel de formación, el Estado sólo aspiraba a responsabilizarse de un año de preescolar a cargo de normalistas, previo curso de capacitación, pese a que el desarrollo de la pedagogía y demás disciplinas científicas que convergen en la educación de los párvulos e infantes precisa mínimo de tres años y de maestros con preparación universitaria. Se infiere de la propuesta oficial que la población de escasos recursos estaría condenada a esperar la edad de 5 años para integrarse de manera tardía al sistema público educativo, o lo que es peor, a vincularse con los rezagos y traumas propios de las guarderías custodiadas por las madres comunitarias, programa aplicado por los gobiernos anteriores en procura de ahorrarse unos pesos a costa de la desprofesionalización de la docencia y el desperdicio de preciosos años para el desarrollo de una estimulación apropiada y responsablemente guiada. Tan en serio es la versión de un Estado gerencial en este asunto, que el pasado gobierno trató de asegurar las bondades fiscales de esta "modalidad" educativa en la Constitución Nacional de 1991 . Fue precisamente esta limitación constitucional -a la que se agregó el interés compartido entre gobierno e iglesia en mantener las Normales- la que llevó a que en la Ley se incluyera una especie de formulación intermedia, pese a lo cual debe calificarse como un avance. Si bien no se logró por parte del magisterio que el requisito mínimo para ejercer la docencia sea la licenciatura, tampoco quedaron habilitados los actuales normalistas y bachilleres pedagógicos para ello; las Normales tendrán que reestructurarse bajo la dirección de las universidades y alcanzar la categoría de Normales superiores, mientras que sus egresados deberán cursar dos años más y obtener un título al hoy equivalente a los intermedios universitarios .

De igual forma, quedó consignado que el Estado tendrá que brindar paulatinamente los otros dos años de preescolar condicionado a que la entidad territorial haya cubierto en un 80% el año cero y la básica.

En este último punto, la reglamentación posterior acoge a regañadientes lo aquí descrito en los aspectos financieros como académicos , lo que obliga no sólo a una presión de las comunidades sino también a estar atentos a que los escenarios y el personal especializado cumplan con los requisitos que le son propios y cuyos docentes no se excluyan del Estatuto. Sobretodo si el Estado insiste en una falsa interpretación con el propósito de darle a estos dos grados trato de educación no formal, apoyado en el hecho de que la norma constitucional no lo obliga .

En cuanto la básica primaria y secundaria el interés fiscalista no tenía límites. La propuesta de calidad del gobierno se sustentaba en la ampliación de la promoción automática a la secundaria pese a que tal política se puso en marcha para resolver problemas de deserción y de cobertura como se reconoció en su momento. Es decir, que frente a las cifras desalentadoras que registraba el país en cuanto a la universalización de la primaria, la solución era promocionar a los estudiantes de un curso a otro nivelándolos por lo bajo. Los resultados no pudieron ser más desastrosos ya que la calificación nunca ha sido causa principal de la deserción y por lo tanto esta no amainó sustancialmente; el problema, además del económico, era de calidad de la enseñanza y esta se afectó más al elevar, a la categoría de norma, la reducción de la poca rigurosidad en la metodología y los contenidos.

Las dificultades de aprendizaje que presentaron los estudiantes de la "generación" de la promoción automática se fueron trasladando al siguiente año hasta hacer crisis en el sexto grado. Se convirtieron en comunes y más severos los problemas de comprensión, abstracción, lectura, producción de texto y de manejo de las más elementales operaciones matemáticas. El primer grado de la secundaria, otrora el más solicitado por los maestros gracias a la vitalidad de los niños de esa edad, se convirtió en un nivel verdaderamente fatigoso que compele a invertir casi todo el año en nivelación. Además el problema asumió ribetes dramáticos con la reforma "curricular" impuesta por el Ministerio que obligó abordar densos programas de ciencias naturales y sociales integradas, que años atrás se trabajaban durante los tres primeros años de secundaria.

Por lo tanto aquí FECODE no se concentró en convencer al gobierno sobre los estragos de la promoción automática, como sí en elevar sustancialmente los requisitos de exigencia para promoverse de un grado a otro en la básica primaria y secundaria, lo que se expresó en la definición de las áreas obligatorias y fundamentales. En este sentido es un inobjetable avance la inclusión de la educación artística y física, los idiomas extranjeros y la tecnología e informática desde el primer grado hasta el noveno cargo de profesores especializados.

Agudo fue el debate en torno a los criterios sobre la naturaleza de la educación media. El gobierno propuso en el PAE eliminar la poca educación diversificada que existe en el país en los últimos dos grados de la secundaria. A cambio de ella, restaurar la vieja modalidad de la secundaria que aún prima en la mayoría de los establecimientos educativos. La razón, que también quedó escrita, no puede ser más reveladora: un estudiante de secundaria especializada le cuesta al Estado 3 veces más que un bachiller denominado clásico. En otras palabras un poco de mayor cobertura sin aumentar proporcionalmente el presupuesto, a costa de la ya menguada calidad. Es decir, que a dos siglos de la revolución industrial y a escasos 6 años de iniciarse el tercer milenio a Colombia se le invita a revalidar una secundaria ajena al trabajo, distante de las más elementales aplicaciones de las ciencias básicas y a hacer del aspirante a la universidad un análogo del estudiante que comienza la secundaria gracias a la promoción automática.

No se puede negar que un modelo así coincide con una política económica que aspira a producir poco de lo importante y a importar mucho de lo necesario. Ello explica la intención de privatizar el SENA, negándole al país la posibilidad de contar con una población avanzada en estos niveles de formación.

Por esta razón es altamente significativo que este género de instituciones hayan logrado sostenerse en la Ley, pero sobretodo generalizar la educación media especializada académica o técnica, haciéndonos así a un instrumento valioso para acabar con un mal remedo de educación preparatoria como lo es bachillerato vocacional, que no va más allá de ser la misma educación clásica con un par de materias diferentes, frecuentemente inservibles aún para vincularse a un rezagado aparato productivo como el nuestro.

Precisamente el concepto y especial interés, o mejor desinterés, del gobierno sobre la educación media explica que este buscara por vía de la reglamentación, la forma de zafarse de ella. De allí que en los últimos días del pasado gobierno la ministra de educación y sus asesores defendieran la tesis de otorgar título de bachiller a los estudiantes que culminaran la educación básica, basado en fragmentos del publicitado informe de los diez sabios. Es decir, insistió hasta último momento en negar la necesidad que tiene un país como el nuestro de exigir, aunque sea, el requisito mínimo de bachiller especializado para vincularse a la producción; y de paso, ahorrarse unos pesos apoyándose en la Carta Fundamental .

El conato fue nuevamente frustrado por el magisterio al lograr que la reglamentación sólo otorgue el título de bachiller a quienes hayan culminado la educación media especializada, que por cierto facilita una mayor dedicación de los estudiantes a los contenidos por medio de la semestralización . Sin embargo, incluyó dentro de la educación formal el denominado servicio especial de educación laboral de dos años que conduce al título en un arte u oficio, al cual pueden acceder quienes certifiquen sus estudios de bachiller o educación básica. A mi manera de ver el mayor reparo o advertencia a este nivel, es la tendencia oficial de encaminarlo hacia la resolución de las necesidades de un mercado laboral que no siempre implica la formación y los contenido más avanzados que requiere el desarrollo nacional. Se trata de insistir en la diferencia entre una educación para el empleo y una educación para el trabajo .

Estos positivos logros en la educación formal de preescolar a secundaria están acompañado de otro que es invaluable: eliminar la exclusiva potestad del Ministerio de Educación sobre el diseño del currículo, en particular sobre los programas, que tantos problemas ha causado a los educandos, como los comentados anteriormente sobre el sexto grado. Dentro de las facultades de cada una de las instituciones y gobiernos escolares o asociación de varios colegios, está la de organizar autónomamente las áreas fundamentales del conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas y adoptar métodos de enseñanza.

No se trata de creer que se logró el cogobierno académico, pero se progresó en la autonomía escolar y la libertad de cátedra, es decir, los maestros y los estudiantes asumen un papel de mayor determinación en el rumbo académico de las instituciones; este es un mejor instrumento para pugnar por un avance en la calidad de la educación, en los contenidos y en los métodos de enseñanza. Además de tener una excelente oportunidad para quebrantar el estancamiento. Ejemplo de ello es la forma colegiada de dirección de las instituciones educativas, relevando la autoridad única del rector; el gobierno escolar incluye a un consejo académico de mayoría profesoral con más capacidad de decisión que el anterior y un consejo directivo integrado por el rector, dos profesores, un estudiante, un ex-alumno, dos padres de familia y representante del sector productivo. Pese a que los estamentos principales de los colegios no están en mayoría tampoco lo está el Estado como sí ocurre en los consejos superiores universitarios. Los alumnos por su parte, conquistaron una antigua reivindicación del movimiento estudiantil, el reconocimiento a sus consejos y federaciones .

Esta reseña sobre los aportes del magisterio a la Ley General de educación, quedaría incompleta si no se registrase la defensa de la profesionalización docente como pilar en el mejoramiento de la calidad. Contrario a las propuestas del gobierno, que aspiraba a reservar a los alcaldes la selección de los maestros en cada municipio como forma de materializar la "flexibilización del Estatuto Docente" , el articulado consignó indispensables criterios para el logro de ese objetivo como el de mantener el concurso docente y el título mínimo de normalista superior, licenciado o profesionales con estudios pedagógicos. Lo contrario, la municipalización en este terreno, hubiese significado institucionalizar, por vía de la Ley, que los estudios y la capacidad del docente se subordinaran a la venta del voto y a la filiación política con todas las implicaciones que ello acarrea.

En cuanto a la evaluación de los docentes se logró, por ahora neutralizar el criterio de evaluación- sanción defendido por el gobierno, en contravía del criterio de evaluación para mejorar la calidad sustentado por los profesores. Es este uno de los decretos reglamentarios de mayor atención que están por producirse.

En este mismo sentido debe destacarse la dura puja por salirle al paso a la privatización de la actualización y capacitación docente propuesta por el proyecto gubernamental. Este pretendía dejarla bajo la responsabilidad económica de cada uno de los maestros y a condición de que se ocupase de ella por fuera de su tiempo laboral, como si la actualización le fuese extraña a su ejercicio profesional. Igualmente, dicha actualización deberá hacerse bajo la dirección de las universidades con el objetivo de que las facultades de educación tengan un papel permanente en la formación docente y, de paso, relevar de esa importante función a las instituciones que se han enriquecido a costa de la angustia de los profesores por ascender en el escalafón y de la pésima calidad de sus cursos.

De igual forma, el paulatino restablecimiento de la jornada única diurna es un escenario que fusiona la mayor dedicación profesional del docente a un exclusivo trabajo de tiempo completo con la necesidad de elevar la calidad de la educación pública, la cual ha sido profundamente afectada por esa medida transitoria de más de tres décadas por medio de la cual se hizo posible la implantación de la doble jornada (últimamente triple ) diurna, gracias a que los gobiernos de entonces resolvieron a medias el problema de la cobertura a costa de la preparación de los estudiantes y de obligar a los docentes al rebusque complementario de su salario, por lo general en actividades diferentes a la suya pero mejor remuneradas, con las obvias consecuencias en su preparación . Reglamentada la ley en este aspecto confirma un horario académico de 40 horas semanales con una dedicación no menor de diez horas a actividades pedagógicas específicas de interés de los estudiantes y profesores y el resto a las derivadas del desarrollo de las asignaturas y proyectos pedagógicos.

A la jornada única se le suma un aspecto que a mi manera ver le es complementario, la también progresiva exigencia de brindar y articular todos los niveles educativos bajo un sólo gobierno escolar y proyectos educativos institucionales; ello contribuye a eliminar el divorcio, especialmente entre las escuelas de educación primaria y los colegios de secundaria y, por supuesto, a organizar coherentemente los contenidos y la intensidad de las asignaturas desde el preescolar hasta la educación media. Divorcio que por la dispersión de esfuerzos, recursos e incompatible planeación también ha contribuido a la deserción estudiantil .

ALGUNAS PRECISIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSIONES

En primer lugar, no es este artículo una defensa del texto completo de la Ley General de Educación y de sus decretos reglamentarios como tampoco una convocatoria a ocultar sus deficiencias. Se enfatiza en lo principal, es decir, en los aportes del magisterio a la existencia de una comunidad educativa y científica nacional, obtenidos como resultado de una abierta lucha contra la posición neoliberal. Con la sustancial diferencia, de que esta última cuenta con el favor del Estado mientras que la primera se mueve en el difícil terreno de la organización y movilización de los integrantes de esa Comunidad.

En resumidas cuentas, lo que se obtuvo dependió de la fortaleza de la batalla y, lo que no se logró, del incuestionable poder del contradictor. Es apenas obvio que lo deseable hubiese sido deshacer el execrable entuerto constitucional que institucionalizó la no gratuidad de la educación pública, o también, revertir con mayor severidad el progresivo aumento logrado en décadas por las instituciones privadas, en cuanto a la cobertura se refiere. O haber impedido que a lo largo del articulado no hubiesen quedado plasmada en los objetivos de diversos asuntos, las expresiones de corrientes filosóficas o psicológicas consideradas contrarias entre sí y/o pasadas de época. Materializar alguno de estos justos anhelos tenía como requisito mínimo el apoyo efectivo de toda la población, siquiera de todo el sector educativo y, en el caso de la última aspiración, un imposible consenso epistemológico.

Ridiculizar el balance que aquí se brinda con el viejo aforismo "del ahogado el sombrero" sería de una infinita torpeza, propia de quienes creen que su mayor objetividad deriva de la notable ausencia en la participación en este género de conflictos. Así como con frecuencia los congresistas legislan sin tener en cuenta las necesidades nacionales, este tipo de eruditos emiten sus veredictos haciendo abstracción de los mundanos detalles de las posiciones, intereses y condiciones de fuerza de cada una de las clases sociales enfrentadas. No registran que, pese a las penurias de la población, un cualificado destacamento de la misma ha librado una contienda por una causa que transciende el necesario aumento de sus ingresos mensuales pero que considera indispensable para el desarrollo social.

Aleccionador comportamiento, sobre todo para aquellos intelectuales que por convencimiento o excusa abrazaron la encantadora pero neoliberal e idealista tesis según la cual todo posible en el reino de la razón y por lo tanto, para materializar nuestras esperanzas, basta con dedicarse a labrar sin prisa el consenso ideológico. Fueron estos puntos de vista y estos intelectuales institucionales quienes contribuyeron decididamente a que el Estado pulverizara la universidad pública por medio de la ley 30 de 1992. De tal dimensión es su metamorfosis que una vez desatada la contienda, empezaron a transhumar de escenario en escenario defendiendo, en engarbulladas exposiciones, las bondades del neoconcepto que afirma que lo privado está contenido en lo público y por lo tanto, según ellos, la generalización de la educación a cargo de los particulares implica que el Estado está garantizando la prestación del servicio educativo.

No sobra decir que lograr la exclusión de este concepto del gubernamental proyecto de ley, como del resto de los mencionados en la versión final de ella, estuvo precedida de la necesaria derrota de estas planteamientos en la dirección del movimiento pedagógico de los maestros de pre-escolar, de educación básica y media. Lejos estamos pues del final de las ideologías.

En segundo lugar, tampoco se pretende afirmar que la sola inclusión de los aspectos ganados en la Ley garantiza su materialización, menos en un país cuya tradición es pretender resolver las angustias en el terreno del derechos y no de los hechos, lo que explica entre otras cosas la extensión de nuestra Constitución. Pero de allí a considerar que lo conquistado no debería incorporarse a la juridicidad no sólo implicaría una desmañada e irresponsable forma de concebir los conflictos sociales sino una inexplicable autoderrota política.

Por supuesto que los cambios introducidos en la Ley requieren de financiación y es sabida la mezquindad de los gobiernos nacionales para con la educación. Pero esta constante no se puede tomar como argumento para pronosticar el fracaso de los mismos y descalificar como inalcanzables las propuestas. Estos anuncios, hechos a nombre de supuestas interpretaciones marxistas, aún no diferencian cuál es el papel de los docentes y cuál es el del Estado en cuanto a la educación de la población se refiere, desconociendo de paso, a los autores clásicos a nombre de los cuales hablan .

La difícil e inminente lucha por la obtención de los recursos materiales necesarios, no puede servir de demostración para quienes afirman que la labor de los estudiantes y profesores sólo está circunscrita a las reivindicaciones primarias y que la razón de ser de su actividad social -lograr una educación científica- debe ser pospuesta para cuando cambie el actual modo de producción. Tal interpretación no sólo es una tosca versión de un materialismo carente de dialéctica sino un gratuito reconocimiento para que sea el Estado el que siga determinando el rumbo académico de las instituciones educativas públicas y privadas.

En tercer lugar, no hay duda de que la opinión pública respaldó de manera efectiva el paro nacional de los maestros, consciente de que su naturaleza desbordaba los límites de los ajustes salariales. A su vez, el magisterio canalizó ese apoyo hacia la aprobación de las propuestas aquí reseñadas. Ahora el esfuerzo deberá concentrarse en generalizar la disposición de quebrantar su propio estancamiento profesional, lo que no puede tomarse como una simple escaramuza. Pero sobre todo, es el cuarto de hora para demostrarle al país que contamos con la capacidad de elaborar calificadas propuestas sobre los planes de estudio por áreas, que en coherencia con unos criterios curriculares acordes con los niveles de educación, realmente contribuyan a hacer más científica la enseñanza y ratifique el carácter decisivo de la autonomía escolar.

La sociedad no podrá condenar a los maestros si al cabo de unos años las cosas no salen bien por falta de apoyo material del Estado pero si lo podrá hacer si no asume con responsabilidad los resultados positivos de su importante batalla.

Todo lo anterior explica la importancia del II Congreso Pedagógico Nacional convocado por el CEID- FECODE para la primera semana del próximo mes de noviembre. El asunto no puede pasar desapercibido para las universidades con facultades de educación, pues la Ley transcendió los límites de las escuelas y colegios, convocándolas a contribuir en vitales materias tales como la reestructuración de las Normales; la permanente actualización de los docentes; la apertura de nuevas carreras que ayuden a hacer de la educación media un nivel educativo avanzado; la especialización de la licenciatura en primaria y el diseño de posgrados en pedagogía para que las diferentes profesiones faciliten la necesaria formación interdisciplinaria.

Pero lo más importante a mi manera de ver, es el concurso universitario en la elaboración de las propuestas sobre los planes de estudio. Ello implica abordar temas tan importantes como la priorización de los contenidos en cada área y nivel. No hay que olvidar que la formación e investigación científica también incluye cómo enseñar lo fundamental de las ciencias en el tiempo más breve posible, que es entre otras cosas la característica de los sistemas educativos eficientes. Por supuesto, antes de que la poshistoria neoliberal redujera este concepto a la rentabilidad de lo que se enseña.

Espero que el artículo haya logrado registrar tanto la intensidad como el proceder de los contradictores en esta contienda por la existencia o no de una comunidad educativa nacional que sea garante del desarrollo y de la soberanía, que es a fin de cuentas lo que está en juego. Algunos, por diversas concepciones e intereses, insisten en calificar de imposible la autonomía escolar como también una educación pública de carácter científico. Habrá entonces que asirse a las históricas utopías de tendencias profanas y anticlericales como las de Carmina Burana o de los Goliardos en el medioevo europeo; o a la de Mutis y su lucha por secularizar la educación para sacudirnos del escolasticismo; o la del movimiento estudiantil del 71 y su aún vigente programa mínimo; o la de los maestros de Colombia que desde hace tres lustros conquistaron la profesionalización de la carrera docente. Lo imposible es creer que las cosas no cambian, lo que no es posible es renunciar a la utopía de la Colombia próspera. Lo contrario es metafísica o idealismo o, acorde con los tiempos, neoliberalismo.

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